Sancionan con 55.000 euros a Dialoga por ofrecer líneas 902 a cambio de retribuir a las empresas
- La normativa prohíbe expresamente que las empresas cobren por estas llamadas, cuyo coste debe ir íntegramente a las operadoras
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 55.000 euros a Dialoga Servicios Interactivos por ofrecer a una empresa cliente la contratación de líneas 902 a cambio de un beneficio económico, según ha adelantado Facua.
La normativa prohíbe expresamente la retribución a las compañías por las llamadas a este número de red inteligente, en las que el consumidor paga la totalidad de la llamada.
Las empresas contratan las líneas 902 para centralizar los servicios que ofrecen a sus clientes bajo el paraguas de un mismo número en todo el territorio en el que prestan servicios. Se trata de un número de red inteligente que además permite a las empresas conocer desde qué lugar geográfico se hace la llamada o a qué hora y esta información les permite mejorar sus servicios de atención al cliente.
Precios sin regular
Sin embargo, según explica la CNMC, el precio de las llamadas a un número 902 resulta más elevado para los consumidores que las llamadas a números geográficos. Las llamadas a estos números no están incluidas en las tarifas planas y sus precios no están regulados, y esto permite al operador fijar el precio que considera oportuno. Además, el precio puede ser diferente si la llamada se realiza desde un teléfono fijo o móvil.
La normativa no prevé qué servicios se deben prestar a través de esta numeración, pero recoge expresamente la prohibición de que se retribuya al abonado (persona física o empresa) que contrata la numeración 902, por las llamadas dirigidas a estos números.
Esto significa, según la CNMC, que la compañía a la que el usuario llama para recibir una información no puede recibir una remuneración por la llamada. Es decir, el usuario tiene que pagar el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica.
Los hechos sancionados ocurrieron entre enero de 2021 y febrero de 2022 y suponen una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones. Esta resolución se ha aprobado con el voto particular de un miembro del Consejo de la CNMC.
